España cumple de manera satisfactoria siete de las once recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), mientras que solo lo hace parcialmente en tres. Sin embargo, persiste la falta de aplicación de la undécima recomendación, relacionada con la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una preocupación crítica que el informe de evaluación destaca como prioritaria y que sigue sin abordarse, según las conclusiones recientes del GRECO sobre la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales en España.
El informe, aprobado esta semana, insta a España a proporcionar información adicional antes del 31 de diciembre de 2023. Se evalúa la implementación de las recomendaciones emitidas en el cuarto informe de diciembre de 2013, donde el GRECO recomendó una evaluación del marco legislativo que regula el CGPJ para abordar deficiencias y garantizar su independencia real y percibida frente a influencias indebidas. A pesar de las advertencias en junio de 2019, que indicaban que España no había aplicado la recomendación, la situación no ha cambiado tres años y medio después.
Aunque se informó en octubre pasado sobre el inicio de negociaciones para renovar el CGPJ, estas se han estancado. El GRECO lamenta la falta de resultados positivos y destaca la paralización durante cuatro años en la designación del CGPJ como una cuestión de preocupación crítica que debe abordarse con prioridad, especialmente debido al bloqueo continuo del Partido Popular.
El informe también destaca la necesidad de establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para los nombramientos en la judicatura superior, con el objetivo de garantizar independencia, imparcialidad y transparencia. El GRECO subraya la preocupación por la parálisis del sistema debido a la falta de renovación del CGPJ.
A pesar de las preocupaciones, el informe elogia la aprobación del nuevo reglamento del ministerio fiscal, que regula el régimen disciplinario de los fiscales. No obstante, destaca la persistente preocupación pública sobre la relación entre el fiscal general y el Ejecutivo, sugiriendo la necesidad de una reforma más amplia del estatuto del Fiscal General, con consultas a la profesión.
En cuanto a los miembros del parlamento, el GRECO señala la falta de desarrollo de una normativa específica sobre grupos de presión, a pesar de los requisitos de transparencia establecidos por el Código de Conducta. La práctica muestra opacidad en los contactos de los parlamentarios con grupos de presión y otros terceros que buscan influir en el proceso legislativo.
