La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sido convocada a declarar ante un juzgado después de que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentara una querella por presunta prevaricación al modificar la ubicación de una protesta contra la Ley de Memoria Democrática. El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, tras examinar la querella, considera que los hechos descritos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa y decide admitirla a trámite, iniciando diligencias previas.
La querella, presentada por la asociación, sostiene que la delegada del Gobierno autorizó la convocatoria de una manifestación el 13 de julio de 2022 frente al Congreso de los Diputados, que ese día debatía la Ley de Memoria Democrática. Según la asociación, durante la concentración, las fuerzas de seguridad indicaron al presidente de la entidad que la protesta debía llevarse a cabo «unos metros más abajo del Congreso», lo que resultó en la pérdida de visibilidad de los manifestantes y en una presunta limitación ilegítima de su derecho de reunión.
La querella argumenta que al día siguiente se celebró otra manifestación a favor de la Ley de Memoria Democrática en la plaza de las Cortes, frente al Congreso, donde originalmente debería haber tenido lugar la protesta de la asociación querellante. La acusación sostiene que la delegada del Gobierno, basándose en el sesgo ideológico de la asociación convocante, permitió el desarrollo normal de algunas concentraciones mientras modificaba la visibilidad y el lugar de otras.
El juzgado ha fijado la fecha de declaración de Mercedes González para el 13 de enero de 2023 a las once y media de la mañana. El auto emitido ayer permite interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días, o un recurso de apelación directa en un plazo de cinco días.
